Un año y cuatro días después de ocurrido el rescate, un hecho marcó el gobierno de Piñera. Un proyecto que venía discutiéndose hace algún tiempo y que era esperado por miles de mujeres: El posnatal de seis meses. El 17 de octubre del 2011 entró en vigencia la que había sido una de las principales promesas de campaña del Presidente, donde se estableció un aumento de 12 semanas en el descanso maternal, que considera una subvención del Estado con un tope de 66 UF.

Tiempo después, en enero del 2012 otro proyecto insigne se concretó y comenzó a regir: la ley de inscripción automática y el voto voluntario. Con esto, el padrón aumentó a 13 millones de personas, permitiendo que los jóvenes que cumplieran 18 años pudieran votar sin tener que inscribirse en el Servel y que quienes estuvieran inscritos pudieran no hacerlo sin presentar una justificación. Fue así como en octubre de ese año se celebraron las primeras elecciones bajo este mecanismo. Sin embargo un traspié trajo consigo la medida ya que se registró una disminución en el número de votantes, lo que generó una mayor incertidumbre y reabrió el debate del voto obligatorio.

En marzo del 2012, en tanto, entró en vigencia la Ley Tolerancia Cero, que aumentó las penas para quienes fueran sorprendidos conduciendo un vehículo bajo la influencia del alcohol, en estado de ebriedad. Esto provocó que los automovilistas estuvieran obligados a modificar su conducta. Gracias a esto, se vio una disminución de un 28% en los fallecidos en accidentes donde el alcohol estuviera involucrado, según cifras divulgadas por el Ministerio de Transportes a dos años de la conmemoración de la ley.

A pesar de estas tres emblemáticas leyes que fueron puestas en marcha, el gobierno se debió hacer cargo de un hecho que se había comenzado a gestar en 2009, cuando un supuesto grupo anarquista instaló cuatro artefactos explosivos en diversos puntos de la Región Metropolitana. Aunque el llamado Caso Bombas fue una bandera de lucha del ministro Rodrigo Hinzpeter y del Ministerio Público, en octubre de 2011 no se logró demostrar la asociación ilícita terrorista por lo que 13 de los imputados en el caso fueron sobreseídos. Un año después la Corte Suprema cerró de manera definitiva el caso tras rechazar el recurso de nulidad presentado por la fiscalía.

En el área de Derechos Humanos, durante la administración Piñera, el joven homosexual Daniel Zamudio fue agredido por cuatro personas, golpes que a la postre la causaron la muerte. El hecho abrió una amplia discusión en el país, lo que derivó en que se discutiera la Ley Antidiscriminación, la que finalmente entró en vigencia el 24 de julio de 2012. La víctima falleció el 27 de marzo de ese año en la ex Posta Central, luego de estar 25 días. Sin embargo, pese a la aprobación de la ley, los cuatro imputados en el caso no fueron juzgados bajo la normativa. Finalmente, el Tribunal condenó a uno de los imputados a cadena perpetua, otros dos recibieron 15 años de cárcel y el último, siete. En enero de este año, el gobierno junto a miembros del Movilh y familiares del joven, inauguraron el Memorial por la Diversidad, Daniel Zamudio, en el Cementerio General.

Otros hechos violentistas se llevaron a cabo en dos regiones del sur del país durante todo el periodo de Piñera, los que se venían arrastrado desde gobiernos anteriores. El punto más álgido se alcanzó con el incendio de un fundo en Vilcún en enero del 2013, que provocó la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, quienes se encontraban al interior de la vivienda que fue consumida por las llamas, motivo por el que fue condenado el machi mapuche Celestino Córdova Tránsito, por el delito de incendio con resultado de muerte, pero se descartó el carácter terrorista en el atentado. El ataque al fundo de la familia Seco-Fourcade, sin embargo, consideró este elemento, y se estableció por primera vez el carácter terrorista en algún atentado en La Araucanía.

En materia electoral, otro proyecto se concretó en junio del año pasado cuando se realizaron por primera vez elecciones primarias y vinculantes para decidir a los candidatos presidenciales y parlamentarios. Si bien la nueva legislación había sido aprobada en octubre del 2012, el hecho se aplicó un año después donde el Servel fue el encargado de organizar el proceso. En esa oportunidad participaron tres millones de personas, superando las expectativas de los analistas políticos.

Por otra parte, el 1 de marzo del 2013 comenzó a regir la ley que prohíbe el consumo de cigarros en lugares públicos cerrados, incluyendo bares, estadios, restaurantes y distintos tipos de centros de entretención. Con esto se impidió, además, que se mostraran personas consumiendo tabaco en televisión. La normativa contempla la sanción a través de multas a quienes incurran en una infracción, considerando a personas y a locales comerciales.

Otra medida medioambiental que se creó bajo la administración Piñera fue la creación de tribunales ambientales. El primero en funcionar fue el de Santiago desde el 28 de diciembre del 2013, cuando juraron los cinco ministros que forman el tribunal. Posteriormente dieron inicio a sus labores los de Antofagasta y Valdivia. Estos tribunales tienen la función de resolver las controversias medioambientales de su competencia, además, deberán conocer las demandas para obtener la reparación del medio ambiente dañado y de las reclamaciones contra resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. El organismo de Santiago emitió su primera sentencia definitiva el 12 de agosto del 2013.

Los cuestionamientos al último Censo fueron parte de las polémicas que envolvieron al gobierno durante el 2013. El proceso que se realizó en 2012 y que culminó con la entrega de los resultados el 2 de abril del 2013 fue objeto de interrogantes por parte de la oposición, de distintos organismos y de la ciudadanía en general. Las dudas no fueron relativas sólo a las cifras entregadas en esa oportunidad –que ya fueron corregidas por el Instituto Nacional de Estadísticas- sino que además a la administración del director de ese entonces, Francisco Labbé, quien hoy es parte de un proceso judicial llevado por el Ministerio Público que busca dilucidar las dudas en la materia. Estos cuestionamientos gatillaron en que Labbé tuviera que abandonar el cargo para que Juan Eduardo Coeymans estuviera en la cabeza del organismo. Esto fue tal que incluso en agosto pasado el Presidente de la República pidió perdón por los errores cometidos. Para resolver el tema, además de la investigación de la fiscalía, fueron convocadas dos comisiones, una nacional y una internacional, que tuvieron conclusiones opuestas, donde una recomendó la realización de un censo abreviado, mientras la otra aseguró que los datos eran confiables. Finalmente el 26 de agosto pasado, Coeymans informó de la última cifra, que estimó que en el país hay 16.341.929 personas, pero aclaró que el número final se entregará en septiembre.

En el ámbito educacional, el gobierno de Sebastián Piñera estuvo marcado por el movimiento estudiantil que comenzó a surgir con más fuerza en el último tiempo de la administración de Michelle Bachelet. Momento en el que insignes representantes de las universidades y colegios alzaron la voz para exigir al Ejecutivo cambiar el sistema de educación en el país. Paralelamente, irregularidades en el Consejo Nacional de Acreditación aparecieron, donde fue cuestionado el ex ministro de Justicia de Piñera, Teodoro Ribera, por su vinculación con el presidente del organismo, Eugenio Díaz, quien resultara formalizado por cohecho y lavado de activos. La Fiscalía Oriente comenzó a indagar en las irregularidades desde principios del 2012, luego de que quedara al descubierto que Díaz habría recibido pagos por medio de asesorías por parte de las tres universidades mientras se llevaban a cabo sus procesos de acreditación. Esto ocasionó un perjuicio millonario al Fisco.

En materia de relaciones internacionales, el gobierno de Sebastián Piñera debió enfrentar la etapa oral de la defensa de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el caso del diferendo marítimo con Perú, que determinó que la frontera marítima parte en el paralelo que pasa por el Hito 1 hasta las 80 millas marítimas, dibujando luego una línea bisectriz hasta las 200 millas. Tras esto, ambos gobiernos implementaron un cronograma común para llevar a cabo el fallo, lo que debería terminar de concretarse el 25 de marzo en Lima, quedando pendiente la definición de soberanía sobre el llamado triángulo terrestre de 3,7 hectáreas que se ubica entre el Hito 1 y el Punto Concordia o 266. Por su parte, Bolivia concretó en abril de 2013 su demanda ante el mismo tribunal internacional, solicitando que se obligue a Chile a negociar una salida soberana al mar. El país altiplánico debe entregar su memoria el 24 de abril de este año, quedando el resto del proceso en manos del gobierno que asume Michelle Bachelet.

El último de los proyectos que fueron promesa de campaña de Piñera se concretó el 14 de febrero pasado cuando se publicó en el Diario Oficial la entrada en vigencia de la Ley de Fármacos que tiene el objetivo de regular la venta, el acceso y la prescripción de medicamentos, después de que fuera aprobada el 7 de enero del 2014, tras casi cinco años de tramitación en el Congreso. Con esto los médicos tendrán la obligación de agregar el nombre genérico de los fármacos en las recetas médicas. Además todas las farmacias deberán contar con un petitorio mínimo de bioequivalentes, se prohibirán las llamadas "canelas", es decir la entrega de incentivos económicos a los vendedores, entre otras medidas.