Chile es sin duda uno de los líderes en la región en lo que se refiere al despliegue de su conectividad a Internet, principalmente por el servicio móvil. Pero eso no significa que, durante años, la experiencia de los usuarios a la hora de elegir un proveedor para su acceso fuese, muchas veces, frustrante.

Esto, debido a que durante décadas, los habitantes de edificios, condominios y loteos muchas veces no podían escoger a su proveedor de TV de Pago e internet  favorito, sino que contentarse con la empresa que contaba con la exclusividad de su cableado.

Esta situación llevó a un estado irregular en el mercado de las conexiones fijas, en donde se acordaba la presencia de un proveedor único para todos, lo que impedía por un tema técnico la posibilidad de cotizar con otras compañías. El resultado fue una nula existencia de competencia, manteniendo por años los precios prácticamente iguales.

Pero a contar del año pasado, esto cambió.

Ya en el 2014 el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se había pronunciado a través de una recomendación para Normativa sobre prestación de Servicios de Telecomunicaciones en Inmuebles. A su vez, el congreso también hizo su parte con la promulgación de la Ley que Protege la Libre Elección en los Servicios de Cable, Internet y Telefonía, Ley N° 20.808.

Pero finalmente a través de una serie de Reglamentos publicados en abril de 2018, se puso fin a esta mala práctica que por años dejó a miles de usuarios sin la posibilidad de elegir a sus proveedores, con la publicación del reglamento que establece la forma y condiciones para garantizar la libre elección en la contratación y recepción de servicios de telecomunicaciones en loteos, edificaciones y copropiedad inmobiliaria.

Así es, desde el mes de septiembre, todas las edificaciones nuevas deben pasar por un trámite con la Subtel para obtener el permiso de edificación en donde se contemple la creación de una Red Interna de Telecomunicaciones, una red para ser usada de forma exclusiva por los proveedores de servicios de telecomunicaciones, de manera equitativa y sin obstrucciones.

La red debe ser aprobada por un proyectista, quien enviará un informe con la viabilidad para que cada edificio, una vez que esté construido, cuente con al menos dos proveedores de Telefonía, Cable e Internet.

Lo cierto es que la ley también se encargó de crear un reglamento especial para regular precisamente a todos quienes viven actualmente en una situación de monopolio, aunque la solución puede tardar más de lo esperado.

¿Cuál era el principal problema que tenían las comunidades para que entrara un nuevo proveedor?

El principal problema que tenían las comunidades para la entrada de nuevos proveedores eran los acuerdos previos entre la inmobiliaria (o los propietarios de los edificios o condominios) y una empresa de telecomunicaciones, lo que impedía una oferta de servicios amplia a los usuarios. Con la entrada en vigencia del reglamento de la “Ley de ductos” se pone fin a estos tratos.

¿Puede una empresa negarse a compartir un ducto de acceso a un edificio o condominio? No. Con este reglamento se aclara que los ductos interiores de los edificios o condominios ya construidos son de la comunidad y no del proveedor que lo instaló o cableó en su momento. Por su parte, la cámara de acceso, que usualmente está fuera del predio y no es un bien común, debe compartirse entre los operadores de telecomunicaciones para permitir el ingreso al edificio de más proveedores.

Las empresas interesadas en ingresar a un edificio ya construido, deben ponerse en contacto con el administrador y acordar una visita, para constatar en terreno la disponibilidad de infraestructura que puede ser utilizada. En caso de mantener el interés, el o los proveedores interesados deberán presentar un proyecto y un plan de trabajo.

Por lo tanto, en primera instancia, los operadores ya no pueden argumentar por la exclusividad de los ductos que ya existen, sino que sí o sí deben ser compartidos en caso de que un nuevo operador quiera entregar su oferta. La única excepción a esta norma es que existan problemas de carácter técnico , problemas que en caso de discrepancia, deben ser acreditados por un arbitraje externo.

Pero si la ley de ductos llegó a solucionar el problema de la competencia desde el punto de vista de la oferta, hay todavía un área gris que no está regulada y que cada usuario tiene que sufrir cada vez que intenta desafiliarse de un proveedor para migrar a otro.

A muchos usuarios les ha tocado experimentar las barreras de salida de las compañías de telecomunicaciones, algo que se ha agudizado desde la aparición de la Portabilidad Numérica. La situación es típica: contratar un servicio a veces es tan fácil como hacer un llamado o hacer un par de clicks por internet, agendar una visita y listo.

Pero para irse, la situación es muy diferente, y muchas veces las empresas aplican malas prácticas comerciales ofreciendo barreras de salidas que solo entorpecen el pleno derecho de los consumidores de dar de baja un servicio para contratar uno nuevo, lo cual vulnera el Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones de la Subtel, el cual indica que las operadoras no pueden aplicar para las bajas de servicios acciones más gravosas que las que se ofrecen para la contratación.

Dentro de las trabas más frecuentes se encuentran la que ya mencionamos, que la finalización del contrato sea por una vía totalmente diferente a la que se tomó, obligando a las personas a acudir a sucursales o a recibir visitas en su casa en horarios incómodos, además de las a veces tentadoras promociones, que hacen dilatar el cambio de decisión de los usuarios, generando la retención.

También existen barreras en las mismas llamadas, esperas y libretos hechos para hacer el proceso de dada de baja lo más complejo posible: desde rebajas económicas temporales por el servicio que se hacen para extender la estadía hasta llamadas que terminan sin aviso o empresas que no cuentan con un anexo directo para dar de baja servicios, sino que tienen que hacerse siempre a través de la operadora.

Para solucionar esto, se anunció un proyecto de ley impulsado por el ministerio de Economía que incluye entre otras medidas pro consumidor, la seguridad de que la descontratación de los servicios sea tan fácil como la contratación de estos. Una vez atado este cabo, los usuarios por fin podrán tener el control sobre su derecho de elegir el proveedor de Internet que deseen, en los tiempos que requieran, teniendo la seguridad de poder cambiarse cuando el servicio no les parezca de calidad.

Junto a la nueva normativa que ya está en marcha, existe otra solución técnica que pretende entregar Internet a hogares, con la velocidad y características de la Banda Ancha, pero sin requerir de un cableado especial. Se trata del  servicio de Banda Ancha Fija Inalámbrica o BAFI, tecnología que ya está presente en varias comunas y que se espera que comience a masificar, llevando internet de calidad hogareña a más lugares del país.

Actualmente, el BAFI opera a través de las antenas instaladas en la ciudad, y el cliente recibe esta señal en un router instalado en su domicilio que se conecta de forma inalámbrica a la red, o bien, a través de una antena receptora que puede colocarle fuera de la ventana para amplificar la señal.

Sea cual sea la forma de conectarse, por un cable o por el aire, lo importante es que mientras más opciones y competencia de proveedores existan para los clientes, mejores son las oportunidades para terminar conectándose y así no solo ir avanzando hacia acortar la brecha, sino que también hacia una calidad que sea un aporte, más que un nuevo dolor de cabeza.