El domingo 3 de noviembre de 2019, poco antes del mediodía, algo se trizó irremediablemente dentro del INDH.
Ese día varios funcionarios volvieron llorando a la sede del organismo ubicado en calle Eliodoro Yañez 832, Providencia, a pocas cuadras de Plaza Italia, donde habían estado de turno como observadores de las manifestaciones.
“Pasamos de un minuto a otro de ser recibidos con aplausos a que nos gritaran cómplices. Hasta ese momento, los manifestantes al vernos llegar abrían un pasillo para que pudiéramos pasar a observar las protestas y escuchábamos como ellos gritaban: ´¡déjenlos pasar, nos viene a proteger!’. Eso se terminó y desde entonces nos gritaban que nos fuéramos y nos acusaban de cómplices de la represión”, recuerda Luis Guerrero, dirigente de los trabajadores del INDH, quien estaba ese domingo 3 de noviembre de turno de observación en las manifestaciones en Plaza Italia.
La causa de los insultos tenía su origen en las palabras que Sergio Micco, entonces director del INDH, entregó ese mismo domingo 3 de noviembre a Mesa Central de Canal 13: “Conceptualmente una violación sistemática de los derechos humanos supone una concertación entre distintas instituciones, donde se crean leyes o se dictan políticas públicas que directamente e intencionalmente tienen como objetivo violar los derechos humanos. Si tú me preguntas a mí, como director del Instituto, diría que no (hay sistematicidad) y quien afirme lo contrario tiene que probarlo. Violaciones sistemáticas me atrevería a decir que no”.
La frase de Micco resonó fuerte al interior del Consejo Directivo del INDH ya que, según varios consejeros, aún no había una definición institucional sobre el tema. A partir de ese momento, quedaron en evidencia las tensiones y desconfianzas que existían -y aún perduran- entre sus integrantes. De hecho, a tres años del estallido aún no hay consenso en el Consejo Directivo del Instituto sobre sistematicidad en las violaciones a los DDHH durante los últimos meses de 2019.
“Yo estaba convencido de que había un gravísimo peligro de quiebre de la democracia en Chile y por eso yo tenía que decir: esto no es una dictadura”.
En tiempos de máxima tensión desde el retorno a la democracia, el INDH no pudo escapar a la fuerte polarización política y social que enfrentaba a los chilenos y se sumió en la mayor crisis institucional desde su creación en 2010.
“La crisis de gobernanza en el Consejo (del INDH) se agudizó a partir de ese momento”.
De manera similar a lo que ocurría en el resto de la sociedad, los 11 consejeros que dirigían por entonces el Instituto terminaron en dos bandos: el de los vinculados con las organizaciones sociales, quienes creían que la situación ameritaba para asegurar que sí había sistematicidad en las violaciones a los DDHH durante el estallido. Y los que, encabezados por Micco, creían en la existencia de abusos por parte de agentes del Estado, pero sin las suficientes pruebas para declarar la existencia de sistematicidad. Esta suerte de puja ideológica entre ambas posturas, terminó amenazando su credibilidad, además de su autonomía e independencia, dos pilares fundamentales para su misión.
Así quedó reflejado en una encuesta que realizó la Universidad de Chile a fines de 2019 por encargo del INDH y que mostró una caída de 26 puntos en la credibilidad del Instituto respecto del año 2018. Apenas el 16% por ciento de los encuestados dijo que recurriría al INDH en caso de sufrir una violación a sus derechos humanos, comparada con el 26% que prefería denunciar a Carabineros, pese a que durante el estallido social su accionar fue el más cuestionado por la población.
El 3 de noviembre de 2019, la fecha en que Sergio Micco había dado sus polémicas declaraciones, el organismo ya había presentado 179 acciones judiciales, 50 de ellas querellas en contra de agentes del Estado. 1.574 personas habían sido atendidas en centros de salud por lesiones sufridas en el contexto de las movilizaciones -157, hasta entonces, por heridas oculares, y 38 heridos a bala-. Y un total de 4.316 personas habían sido detenidas.
En total, según cifras oficiales del INDH, entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, el Instituto presentó 3.191 acciones judiciales a partir de las denuncias que recibían y los reportes de sus observadores. La mayoría, corresponde a acciones ocurridas en los primeros días del estallido, cuando estaba vigente el Estado de Excepción Constitucional. En el mismo periodo el Instituto había registrado 3.236 lesionados.
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Para los sectores más radicalizados de la protesta y en la izquierda, los dichos del abogado, cientista político y doctor en filosofía cercano a la DC, fueron interpretadas como un intento del INDH por proteger al gobierno de Sebastián Piñera.
Pocos días antes, el 30 de octubre de 2019, diputados de oposición, desde el PC a algunos DC, habían presentado una acusación constitucional contra el exministro del Interior Andrés Chadwick, por su eventual responsabilidad política frente a los atropellos que se estaban cometiendo.
Pero el blanco final de esa ofensiva apuntaba más alto.
Varios parlamentarios y dirigentes políticos de izquierda no ocultaban su deseo de acusar constitucionalmente a Piñera por los mismos hechos.
El lunes 4 de noviembre de 2019, el ambiente interno dentro del INDH estaba completamente tensionado, algo que queda en evidencia al revisar las actas de la sesión extraordinaria del consejo del INDH realizada ese día. En tres ocasiones, Micco solicitó a los miembros del Consejo que dieran un voto de confianza a una moción de censura a su gestión.
“En estas semanas se han producido graves y masivas violaciones a los derechos humanos”, dijo Micco al tomar la palabra. “No creo que haya indicios para sostener que haya violación sistemática de los derechos humanos, lo que debe ser debidamente acreditado”, añadió.
“Estoy convencido que, de continuar la polarización, el estado democrático de derecho entrará en una crisis cada vez más grave, lo que aumenta el riesgo de mayores violaciones a los derechos humanos”, sostuvo Micco.
La definición de Micco dividió al consejo. Un bloque califica de imprudentes e inoportunos los dichos del entonces director y promueven romper un acuerdo previo que le daba al director de turno la facultad de vocería del organismo.
Margarita Romero, consejera en representación de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a temas de derechos humanos, es la única que pide directamente la renuncia de Micco. Los demás, salvó Yerko Ljubetic –quien no se pronunció- dan un voto de respaldo al entonces director ejecutivo para evitar profundizar la crisis del Instituto.
Aquí, parte de lo que se discutió en ese consejo del 4 de noviembre, el día después del quiebre.
La referencia a la sistematicidad es una situación compleja porque supone una posición de la Institución en ese sentido, la que debió ser abordada por el consejo (…) El contexto que estamos viviendo tiñeron las declaraciones (de Sergio Micco) como una toma de posición institucional respecto de la contingencia política y la situación del gobierno.
Tengo la impresión de que hay una suerte de banalización de las violaciones a los derechos humanos (…) desde mi perspectiva sí ha habido violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Chile en estos últimos 15 días.
“No podemos decir hoy que existen violaciones sistemáticas, pero no podemos cerrarnos a esa posibilidad, porque esa conclusión requiere un análisis mayor (…) Hay que proteger la autonomía del INDH y no podemos dar la imagen de defender a ningún gobierno.
“Es importante que la dirección actúe con claridad en estos momentos, sobre todo ante los riesgos de instrumentalización. El Instituto y la dirección deben guiarse por aquellas cosas que seamos capaces de observar, calificar y acreditar (…) De los hechos observados no me asiste la convicción de que haya sistematicidad, pero con la misma seriedad tampoco me asiste la convicción de que no la haya”.
No estoy de acuerdo con los comentarios (de Micco) durante la entrevista, las que han generado duras críticas (al INDH) desde la sociedad civil. La discusión de si las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas o no debe darse al interior del Consejo”.
El director (Sergio Micco) ha ponderado y materializado lo que se ha dicho y acordado en este consejo”.
Nadie podría decir que en esta instancia se ha relativizado la violación a los derechos humanos (…) Pero entre eso y la violación sistemática hay una situación diferente, con consecuencias jurídicas (…) No estamos para defender a ningún gobierno, pero tampoco para atacarlo. Sería cándido no entender que lo que está ocurriendo es también una lucha por el poder entre gobierno y oposición. Hay algunos que quieren que esta institución se convierta en el brazo político de la oposición”.
El director ha ejercido la vocería con prudencia y moderación (…) la postura del Consejo ha sido que existen violaciones graves a los derechos humanos. Me parece que el Consejo es el espacio para discutir si se han observado violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos”.
Lo que hizo el director fue dar una explicación sobre los requisitos que deben cumplir las violaciones sistemáticas y a propósito de eso, da su opinión personal al respecto (…) Me preocupan los intentos evidentes de instrumentalizar al INDH con fines particulares, lo que tiene por objeto fracturar a la institución”.
Propongo discutir en el Consejo qué se entiende por violaciones sistemáticas, es una discusión que debemos tener seriamente, ya que es parte de nuestras atribuciones legales afirmarlo o negarlo, pero debemos decirlo con fundamento. Las violaciones sistemáticas deben cumplir una serie de requisitos y su verificación tiene importantes consecuencias jurídicas”.