“Se produjo una crisis en el Instituto, porque el INDH no estaba preparado para el nivel de violencia que se estaba viviendo en el país”, afirman en privado algunos consejeros al analizar lo que vivieron como organismo tras el estallido social.
Las actas de las sesiones del Consejo los días posteriores al inicio de las manifestaciones dan cuenta de eso.
“Me parece contradictorio seguir sesionando en el Consejo mientras ocurren enfrentamientos a una cuadra de distancia, con presencia de un gran número de militares y carabineros. Hay mucha gente movilizándose de forma totalmente pacífica, sin embargo, desde aquí se escucha el uso de armamento de la policía”, planteó Margarita Romero, el lunes 21 de octubre de 2019, molesta porque estuvieran discutiendo sobre la forma en que trabajarían el informe anual del Instituto para cumplir con el plazo de entrega fijado para el 10 de diciembre, en momentos en que se registraban serios disturbios en las calles.
Romero luego propuso una conferencia de prensa en que, junto con dar cuenta de los datos registrados por el Instituto hasta ese momento, se haga “un llamado al gobierno a detener la excesiva violencia policial y sacar a los militares de las calles”.
Otro de los consejeros, el abogado frenteamplista Yerko Ljubetic, debió retirarse de la reunión tras recibir un llamado telefónico en que se le avisaba que uno de sus hijos había sido herido por perdigones en medio de las protestas y que había sido llevado de urgencia a un centro asistencial.
“En los enfrentamientos que me tocó observar esta mañana no se trataba de gente que estuviera ejerciendo su derecho a reunión”, esgrimió el abogado UDI Sebastián Donoso, quien fue designado en el cargo por el presidente Sebastián Piñera.
Los dichos del Presidente de la República de que estamos en guerra, no estuvieron a la altura de lo que se requiere para poner término al conflicto. El INDH debe hacer un llamado al retiro de los militares de las calles y a la paz, ya que en un ambiente así no se puede dialogar.”
Resulta muy traumante ver a los militares nuevamente en la calle. Pero es entendible, ya que en función de lo que hemos experimentado en los últimos días, con hechos de violencia extremos, se están traspasando ciertos límites de convivencia social y en la medida que eso se empieza a permitir, se promueve el desborde de grupos extremos, que es lo que ocurre hoy día.”
A tres días del inicio de las movilizaciones, los consejeros están conscientes de que el organismo debe sacar un comunicado oficial que vaya más allá del reporte de víctimas que día a día iban creciendo. La tarea no fue fácil debido a las diferencias de opinión dentro del consejo.
“La situación en el país, con hechos de violencia y movilizaciones sociales, así como la dictación del Estado de Emergencia en las principales ciudades del país, muestran una grave crisis para la población chilena. Todos y todas nos hemos visto afectadas e impactadas por estos hechos”, señala la declaración redactada por el consejero Branislav Marelic y cuyos términos fueron modificados varias veces, tras una larga negociación entre los consejeros que se hizo por correo electrónico.
“El INDH mira con preocupación la situación de niños, niñas y adolescentes expuestos directa e indirectamente a hechos de violencia; manifestantes, policías y militares expuestos a situaciones de riesgo; interrupción de servicios públicos, especialmente el transporte en la Región Metropolitana con la destrucción de estaciones del Metro de Santiago; la falta de respeto del derecho a la reunión pacífica y sin armas, en donde se ha observado el uso desproporcionado de la fuerza pública, tanto de Carabineros como de personal de las Fuerzas Armadas desplegadas; denuncias de comunicadores sociales agredidos y detenidos; cierre y saqueos de supermercados y otros establecimientos comerciales básicos para la población, lo que ha ocasionado dificultades para el desarrollo normal de la vida de muchas personas; cancelación de clases en establecimientos educacionales, con una especial afectación para los niños y niñas que reciben su ración alimenticia en dichos recintos. Se ha generado una sensación de inseguridad y temor en nuestro país, lo que afecta gravemente la convivencia democrática y el ejercicio de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales vigentes y ratificados por Chile”, añade la declaración, en la que el INDH hace un llamado a la paz.
Al día siguiente, el 22 de octubre de 2019, el consejo volvió a reunirse de manera extraordinaria. El acta de la sesión, deja de manifiesto la molestia de los consejeros vinculados a las organizaciones de derechos humanos o cercanos a la entonces oposición por estimar insuficiente la declaración suscrita por el consejo el día anterior. Los consejeros más cercanos al centro y la derecha, por otro lado, expusieron matices.
Se hizo un gran esfuerzo para sacar la declaración de ayer y en menos de 24 horas algunos dicen que no está de acuerdo con dicha declaración, no parece correcto. Eso implica banalizar las declaraciones (…) Los excesos de las policías que sí están ocurriendo, se dan en una zona de fricción y enfrentamiento, donde la gente no está ejerciendo su derecho a reunión pacífica”.
Mientras no haya un pronunciamiento de fondo respecto de los aspectos estructurales de lo que está ocurriendo, estaríamos quedándonos cortos respecto del mandato institucional”.
Los militares no están formados para la mantención del orden público y tenerlos en la calle es violento para la población civil (…) lo que debe preocupar la atención del Consejo es la protección de las personas y de sus derechos reconocidos por el derecho internacional, para esto es necesario que se ponga fin al Estado de Excepción”.
Este no es el momento de la discusión política ni estamos llamados a aquello como institución, debemos ceñirnos al mandato institucional (…) La presencia militar en la calle no es antojadiza, esto ocurrió por atentados contra bienes públicos que han afectado a los derechos de las personas, como el transporte”.
En julio de este año, Branislav Marelic el consejero PS cuyo voto dirimía las divergencias del Consejo durante el estallido, escribía en su voto particular de 54 páginas, documento oficial agregado a las actas del Instituto, lo siguiente: “El rol del INDH en general, y en particular durante el estallido social está profundamente malentendido, ya que grupos de presión esperaron que el INDH se convirtiera en un actor opositor político al Gobierno de turno, cuando en realidad el INDH no debe estar ni a favor ni en contra de un Gobierno, sino que su mandato es la protección de los derechos humanos”.
“Hubo problemas. Cuando hay resistencia a declarar que las quemas de iglesias son violaciones a los derechos humanos, cuando hay resistencia a declarara que el que baila pasa es una violación a los derechos humanos, o cuando se trata de imponer que en Chile hubo entre octubre y noviembre (de 2019) casos de detenidos desaparecidos, entonces cuando yo me empecé a enfrentar a ese tipo de declaraciones que me venían de parte de algunas personas de la Unidad de Estudios, obviamente que teníamos un problema”.
Violencia y el que baila pasa
“El INDH no puede sino condenar los graves actos de violencia cometidos por particulares en contra de bienes públicos y privados, con ocasión de esas manifestaciones. Dichos actos constituyen también un flagrante atentado a los derechos humanos, que el Estado tiene el deber de contener, perseguir y sancionar”, planteó el consejero Carlos Frontaura durante la sesión del 13 de noviembre de 2019.
El abogado cercano a la UDI que llegó al Consejo en octubre de 2016 nombrado por el Senado, fue una de las primeras voces dentro del organismo en pedir una crítica explícita a los actos de violencia protagonizados por los manifestantes, y que estas fueran calificadas como violaciones a los derechos humanos. Ningún otro consejero lo secundó en esa oportunidad.
A la quema de estaciones de metro, saqueos de locales comerciales, atentados contra iglesias, se sumaban otros hecho que por entonces ya eran comunes en los cortes de calles: “el que baila pasa”, una práctica que generó un rechazo casi transversal y que en enero de 2020, incluso, pasó a ser delito.
Sin embargo, al interior del Consejo del INDH, por mucho tiempo no hubo unanimidad en condenarlas.
Estoy disponible para sacar una declaración, pero sólo la aprobaré si el documento hace una condena clarísima a todas las formas de violencia”.
En este momento están ocurriendo graves y masivas violaciones a los derechos humanos y tengo la convicción de que el Consejo no está a la altura de las circunstancias. Los derechos humanos no se están defendiendo adecuadamente”.
Al no haber unanimidad, la declaración finalmente no incluyó una condena explícita a los actos de violencia cometidos por algunos manifestantes. En sesiones posteriores, los consejeros cercanos a la derecha volverían a insistir en el punto.
El informe anual (del 2019) debe referirse a todos los derechos humanos vulnerados durante las manifestaciones, no solo el de los manifestantes”.
La teoría de los derechos humanos indica que sólo son vulnerados por agentes del Estado, y si el informe no refleja eso, votaré en contra”.
Los particulares también afectan y violan los derechos humanos, por lo que el Estado tiene la responsabilidad de evitar que particulares los vulneren y sancionarlos cuando ello ocurre”.
Particulares pueden transgredir la ley vulnerando derechos de terceros, pero la violación de derechos humanos es única y exclusivamente por parte del Estado a través de sus órganos o agentes, por acción u omisión (...) No estoy disponible para aprobar un documento que se desvíe de este planteamiento doctrinario en materia de derechos humanos”.
Existe una falsa dicotomía entre seguridad pública y derechos humanos. Esa dicotomía es inaceptable, y se expresa en opiniones que tiene la población respecto del rol del INDH, en el sentido de que sólo se ocupa de que no exista represión mientras que en muchos lugares se cometen graves actos vandálicos”.