En abril de 1990, terminada la dictadura, el expresidente Patricio Aylwin, por medio del Decreto Supremo número 355, creó la “Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”, cuyo objetivo era contribuir al esclarecimiento global de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
Tras nueve meses de trabajo, la instancia emitió el informe de su labor, conocido como el Informe Rettig. Entre sus conclusiones estaba la creación de un organismo que velara por la protección y educación en derechos humanos para evitar nuevos crímenes y abusos en el futuro.
Pero pasaron varios años para que este proyecto empezara a tomar forma.
Recién junio de 2005, durante el gobierno del entonces presidente Ricardo Lagos, se ingresó el proyecto de ley que terminó creando, cuatro años más tarde –en noviembre de 2009-, el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Fue en el Salón Montt Varas, el 20 de julio de 2010, que con la expresidenta Michelle Bachelet a la cabeza se realizó el acto constitutivo de la entidad, ceremonia en que se resaltó que su misión sería “la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile”.
Para velar por el pluralismo, en la normativa que los rige se determinó que las decisiones más relevantes las debe tomar en un Consejo integrado por 11 profesionales, siendo dos designados por el Presidente, dos por el Senado, dos por la Cámara de Diputados, uno por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades que integran el Consejo de Rectores y de universidades autónomas, y cuatro elegidos por las agrupaciones de la sociedad civil que tengan personalidad jurídica vigente y que estén inscritas en el registro respectivo que llevará el Instituto. El periodo de cada uno de ellos será de inicialmente seis años y en su conjunto, por mayoría absoluta, deben elegir a un director.
Las asociaciones de funcionarios del INDH han cuestionado el mecanismo de conformación del consejo directivo del organismo, pues, a su juicio, se basaría en la lógica de la transición política que se desarrolló en Chile a partir del año 90.
“Seis de los 11 consejeros, la mayoría, son elegidos por entidades que son parte de los poderes del Estado, que son precisamente a los que van dirigidos los reproches o recomendaciones del Instituto”, explica Luis Guerrero, presidente de una de las dos asociaciones de funcionarios del INDH. “Es decir, el INDH tiene autonomía, porque no depende jerárquicamente de ningún poder del Estado, pero al mismo tiempo esos mismos poderes le imponen límites a su autonomía”.
Pero así como existe poca autonomía de instituciones del Estado, Guerrero apunta a que el consejo también tendría problemas de independencia de los partidos políticos. “El ideal es que los consejeros estén validados por cuestiones técnicas y no primen razones partidistas que limiten sus pronunciamientos. Vaya problema en el Consejo del INDH chileno, donde varios consejeros son militantes de partidos políticos”.
En el consejo de 2019, de 11 consejeros cuatro eran militantes, mientras que otros cuatros eran cercanos a partidos políticos.
“Si tu miras la actuación de los (consejeros) elegidos por organismos de derechos humanos tú no te vas a encontrar con pluralismo”.
Para los trabajadores del INDH, muchas de las orientaciones que emanan del Consejo dependen de las frágiles mayorías que se establecen en un determinado momento.
Cada tres años, se renueva parte del Consejo, lo que genera una presión desde las organizaciones de la sociedad civil que están en el registro del INDH por poner a sus representantes. Son cerca de 165 organizaciones acreditadas y que se desempeñan en ámbitos tan diversos como memoria de las víctimas de la dictadura, acceso a la justicia, género y diversidad sexual, discapacidad, infancia, desarrollo comunitario, entre muchas otras líneas de acción. Pero, no todas pesan lo mismo.
“Hay algunas organizaciones del registro que son cuatro o cinco personas y que dependen económicamente de los recursos financieros que les entregan organizaciones más grandes”, señalan algunos consejeros.
A mediados del 2019, el consejo estaba dividido por la mitad. Consuelo Contreras, Yerko Ljubetic, Salvador Millaleo, Margarita Romero y Debbie Guerra, por la izquierda. Mientras desde la DC a la derecha la representación quedó en manos de Cristián Pertuzé, Samuel Donoso, Carlos Frontaura, Sergio Micco y Eduardo Saffirio.
El socialista Branislav Marelic, clave en que el INDH no declarara sistematicidad en las violaciones a los DDHH, quedó como voto dirimente.
Branislav Marelic,
el voto dirimente militante PS,
propuesto por Londres 38 y
MovilH
Carlos Frontaura,
designado por el
Senado a instancia de la
bancada UDI
Cristián Pertuzé,
cercano a RN, designado
por la Cámara de
Diputados
Sebastián Donoso,
designado por el
presidente Sebastián
Piñera
Sergio Micco,
electo por los decanos de
las facultades de Derecho
Eduardo Saffirio,
ex diputado DC, consejero
electo por la Cámara
de Diputados
Salvador Millaleo,
cercano al PS,
designado por el
Senado
Debbie Guerra,
designada por la
presidenta Michelle
Bachelet
Yerko Ljubetic,
militante de Convergencia
Social, porpuesto por la
Comisión Chilena de DD.HH.
Consuelo Contreras,
electa por la Sociedad
Civil propuesta por
Corporación Opción
Margarita Romero,
electa por la Sociedad Civil,
por Villa Grimaldi.
Branislav Marelic,
el voto dirimente
militante PS, propuesto por
Londres 38 y MovilH
Carlos Frontaura,
Salvador Millaleo,
cercano al PS,
designado por el
Senado
designado por el
Senado a instancia de la
bancada UDI
Debbie Guerra,
Cristián Pertuzé,
designada por la
presidenta Michelle
Bachelet
cercano a RN, designado
por la Cámara de
Diputados
Yerko Ljubetic,
Sebastián Donoso,
militante de Convergencia Social, porpuesto por la Comisión Chilena de DD.HH.
designado por el
presidente Sebastián
Piñera
Sergio Micco,
Consuelo Contreras,
electo por los decanos de
las facultades de Derecho
electa por la Sociedad
Civil propuesta por
Corporación Opción
Eduardo Saffirio,
Margarita Romero,
ex diputado DC,
consejero electo por la
Cámara
de Diputados
electa por la Sociedad
Civil, por Villa Grimaldi.
Pese a su militancia PS, Marelic se había distanciado de los consejeros electos por la Sociedad Civil, luego que estos lideraran en 2017 una ofensiva que terminó por sacarlo de la dirección ejecutiva del organismo.
Con Marelic afuera, las principales organizaciones vinculadas a la izquierda no querían que fuera electo Sergio Micco como director del Instituto, debido a su carácter conservador en temas de diversidad sexual y ser contrario al aborto.
Marelic recibiría varios llamados de personeros del Frente Amplio y del PS, entre ellos de Fernando Atria y de la exjefa de gabinete de Bachelet y actual ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, pidiéndole que votara por alguno de los consejeros de izquierda y no apoyara a Micco para la dirección del INDH. Incluso, recibió advertencias de que sería pasado al tribunal supremo del PS si votaba por Micco.
Aún así, Marelic optó por respaldar a Micco, dando la mayoría mínima para que éste asumiera la dirección del INDH el 29 de agosto de 2019, apenas unas semanas antes del inicio del estallido social.
Tras la crisis, en varias ocasiones algunos de los consejeros del INDH del bloque proveniente de las organizaciones de la Sociedad Civil, como Margarita Romero y Consuelo Contreras, llevaron a las sesiones del Consejo su molestia porque los planteamientos de la minoría no eran consideradas en las vocerías de Sergio Micco ni en las declaraciones del Instituto.