Cientos de personas llegaron la noche del 6 de julio de 2021 hasta Villa Francia para rendir homenaje a los restos de la dirigenta social y activista María Luisa Toledo Sepúlveda, fallecida a los 82 años de edad, y considerada un ícono de los movimientos más radicalizados de la izquierda por ser la madre de los hermanos Vergara Toledo, jóvenes asesinados en dictadura.

Allí, en medio del velorio, realizado en la sala multiuso Pablo Vergara Toledo, se fraguó la toma del INDH.

“Fuimos los sobrevivientes del estallido ocular los que promovimos la toma”, recuerda Alejandro Muñoz, quien el 22 de octubre de 2019, cerca de las 14 horas, sufrió la explosión de su ojo izquierdo y tres fracturas en el cráneo producto de una bomba lacrimógena que disparó un carabinero a menos de 20 metros de distancia en las cercanías del Cerro Santa Lucía. Muñoz se convertiría en uno de los voceros de la ocupación.

“Las víctimas de trauma ocular no nos conocíamos de antes, nos conocimos en la desgracia, en las sesiones en el Piro, el programa de atención en el Hospital Salvador”, cuenta Muñoz.

A casi dos años del estallido social, se quejaban de que no tenían ningún reconocimiento como víctimas de violaciones a los derechos humanos. Tampoco, dicen, había programas reales de salud que fueran en ayuda de los afectados. Ese fue el germen que articuló la toma.

Las víctimas de trauma ocular se habían dividido en dos grupos marcados políticamente. Un sector lo conformaban personas afines al Frente Amplio, que no participan de las tomas y que no querían generar ruido a la campaña presidencial de Gabriel Boric. El otro grupo, lo componían cerca de 15 jóvenes de Temuco a Iquique, los que no estaban alineados con ningún partido. Serían ellos los que actuaron en la tomas del INDH.

Por lo mismo buscan apoyo en otras organizaciones. “La ACES llega a aportar la experiencia organizativa que ellos tenían (disponen una cuenta corriente para recaudar donaciones y se encargan de la difusión mediante sus redes sociales). Otras agrupaciones como Londres 38, movimientos sociales vinculadas a la defensa del agua y a otras causas bien diversas nos ayudan”, explica Muñoz.

El objetivo siempre fue el INDH, recuerdan ex voceros de la toma, porque “era el lugar desde el cual Sergio Micco estaba invisibilizando a los sobrevivientes. Micco era el guardaespaldas de Piñera, él mismo lo ha declarado, cuando dice que, si no hubiese sido por él, Piñera cae”, agrega Muñoz.

Otro de los coordinadores de la toma, el ex vocero de la ACES Víctor Chanfreau, entrega su propia versión de las razones que motivaron esa acción de fuerza.

El 8 de julio de 2021, dos días después del velorio de Luisa Toledo, cerca de 40 personas llegaron a tomarse la sede central del INDH, justo en momentos en que los funcionarios abrían las puertas. Eran cerca de 10 víctimas de explosión ocular, los heridos más graves, pero también había gente de la Coordinadora de Trauma Ocular por Perdigones y personas afectadas por la acción policial, dicen desde la organización.

Por entonces no había un petitorio claro. “Los puntos básicos eran el reconocimiento a las violaciones a los derechos humanos. Que Micco y todos los miembros del Consejo del INDH renunciaran. Que hubiera medidas reparatorias reales en términos de educación, salud, vivienda y trabajo y que se liberaran a los presos políticos del estallido”, señala Muñoz.

Tardaron casi dos meses en elaborar un petitorio con medidas más concretas que pudieran ser parte de una mesa de negociación. Para esto, no sólo analizaron documentos extranjeros, como los pliegos de demandas de la organización argentina Madres de la Plaza de Mayo, o de entidades canadienses que defienden a los pueblos originarios. Además, realizaron asambleas virtuales, algunas con más de 50 organizaciones que los apoyaban, entre ellas Londres 38, la Organización de Familiares de presos políticos (OFAPP), Unión Rebeldes, Movimiento del Agua y los Territorios (MAT), facciones de las barras de clubes como el de la Universidad de Chile, la Agrupación Revolución Ciclistas Plurinacional, como también de organizaciones sociales de Lo Hermida y La Victoria, entre otras.

Sólo horas después de iniciada la toma, el entonces director del INDH junto a alguno de sus asesores intentaron dialogar con los ocupantes. El encuentro dejó todo en punto muerto.

Hubo gestos de ambos lados que trabaron el diálogo. Mientras los ocupantes exigieron saber la militancia de cada uno de los asesores de Micco presentes en la asamblea, hecho que fue rechazado por el INDH, calificándolo como un acto discriminatorio por motivos ideológicos, los organizadores de la toma, cuestionaron el tono usado por Micco.

“El armó una asamblea en el patio del INDH, nos trató como a niños y empezó a sermonearnos, nos dice que estábamos equivocados y que así no se lograban las cosas”, recuerda excoordinadores de la toma.

Tras casi media hora, Micco debió retirarse del lugar a través de las filas de manifestantes que se tapaban un ojo, un gesto que no sólo buscaba recordarle las víctimas del estallido social, sino que también responsabilizarlo por confundir en una declaración el número de causas judiciales abiertas por el INDH (196) con el número de personas lesionadas con trauma ocular (sobre 460).

Tras ese fallido primer contacto, Micco convocó a una sesión extraordinaria del Consejo. Los 11 consejeros vuelven a atrincherarse en dos bandos, con posturas antagónicas, lo que imposibilita sacar una declaración oficial del Instituto frente a la toma.

Algunos consejeros cercanos a organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, como Romero y Contreras, se niegan a firmar cualquier declaración del organismo que condene la toma del Instituto. No sería la única vez que se opusieron. El 8 y 12 de julio, el 2 de agosto y el 23 de diciembre de 2021, el director ejecutivo y parte del consejo intentaron sacar una declaración del organismo, ya no de condena, si no “lamentando” la toma, sin lograr el acuerdo de los consejeros que representaban a las organizaciones vinculadas con la izquierda.

Por otro lado, consejeros cercanos a la derecha, como Pertuzé, Donoso y Frontaura, son contrarios a que el INDH acoja o responda el petitorio, por tratarse de una media de presión y “chantaje”, a la que califican de “ilegítima”.

En lo que sí hubo acuerdo, fue en no solicitar el desalojo de la sede tomada. La presencia al interior de la toma de víctimas del estallido social, casos en que el propio INDH era querellante, los inhibió. En privado varios consejeros admitieron que el riesgo de que ocurrieran incidentes serios durante un desalojo por parte de Carabineros y los efectos que podría tener sobre la ya deteriorada imagen del INDH, los llevó a optar por la vía del diálogo y la flexibilidad frente a los manifestantes. La estrategia de Micco, como director del organismo, desde ese momento en adelante, apostaría más que nada a que, con el paso del tiempo, la toma se fuera desgastando.

Por entonces, en plena pandemia del Covid, en la sede nacional del INDH estaban trabajando presencialmente no más de 10 funcionarios. El resto se encontraba en teletrabajo, por lo que la ocupación de la sede complicaba algunas funciones, pero no alteraba por completo la marcha del instituto.

“Durante la toma pasaron muchas cosas extrañas”, recuerda uno de los consejeros del INDH, quien pidió hablar bajo reserva de su nombre. “Primero empezó un forcejeo al interior del Consejo respecto si se desalojaba o no la sede del Instituto. Ahí se incumplió la doctrina instaurada en administraciones anteriores, la cual era que el director tenía la potestad de desalojar, pero debía asumir las consecuencias políticas de ese acto. En esta ocasión, sin embargo, un sector de los consejeros, entre los que estaban Ljubetic, Contreras y Romero, sostiene que el desalojo tiene consecuencias políticas muy graves, por lo que no puede ser una decisión administrativa, sino que le compete tomarla a todo el Consejo y que si éste órgano no da el acuerdo, el director no puede desalojar”.

Algunos consejeros cercanos a las organizaciones de la sociedad civil, incluso, van más allá. Margarita Romero sostuvo que ordenar el desalojo era un acto de violación a los derechos humanos, y que la toma era el ejercicio de un derecho humano. Tal planteamiento fue rebatido por los consejeros cercanos a la derecha. Carlos Frontaura, por ejemplo, defendió en el consejo la posibilidad de usar la fuerza del Estado de Derecho, mediante el uso de la fuerza legítima, para proceder al desalojo.

Con el tiempo las diferencias al interior del Consejo se acrecentaron.

En paralelo, las dos organizaciones sindicales que agrupan a los trabajadores del INDH -las que venían de protagonizar un extenso paro de 60 días en contra de la gestión de Micco, que reflejaba la crítica visión que ellos tenían sobre el accionar de Micco a la cabeza del Instituto- respaldan las demandas de la toma y mantienen un fluido contacto con sus organizadores.

Para los miembros del Consejo la situación fue diferente.

En tres ocasiones, tras los portazos que había recibido Micco, los consejeros mandatados para negociar con la toma, por su cercanía con la izquierda y sus nexos con organismos de derechos humanos de la sociedad civil -Yerko Ljbetic, Debbie Guerra y Branislav Marelic-, se reunieron con los ocupantes, sin lograr avances.

“Lo primero que me dice uno de los voceros de la toma es: ‘¿por qué nosotros tendríamos que confiar en ustedes?’ Le respondí con otra pregunta: ¿Y por qué yo tendría que confiar en ustedes? Ustedes se tomaron el Instituto, por qué voy a creerles que si llegamos a un acuerdo ustedes lo van a cumplir?”, recuerda uno de los negociadores por parte del consejo del INDH.

“Desde un inicio se instaló la práctica de deslegitimar al otro como interlocutor”, añade la misma fuente.

Mientras tanto, la tensión dentro del consejo seguía creciendo. Varios consejeros responsabilizarían a Micco por la mala gestión que tenía frente a la toma. “Él pensó que con la pandemia del Convid, la toma iba a decrecer sola, que era cosa de tiempo no más. Craso error”, acusa un consejero que pidió reserva de su nombre.

Micco, a poco andar la ocupación, llegó a plantear vender la sede que estaba tomada, con los ocupantes adentro, como forma de salir del embrollo en el que estaban. La propuesta no tuvo respaldo alguno de los demás consejeros.

Respecto de la toma, los tres consejeros del INDH mandatados a dialogar con los representantes de la ocupación, no alcanzaron a sostener un nuevo encuentro. Un tercer actor se había involucrado en la escena, desplazando a los consejeros.

Y ese era el nuevo gobierno de Gabriel Boric.

“Nosotros no tenemos nada que conversar con ustedes, porque ellos (el nuevo gobierno) nos van a solucionar nuestras demandas”. Ese fue el discurso de los responsables de la toma, a fines de diciembre de 2021, según cuenta un consejero designado para negociar.

Y aunque entre los coordinadores de la toma existían reparos sobre el mismo Boric, también habían algunos vasos comunicantes.

La incómoda cita con Boric en La Moneda chica

El 8 de enero pasado, los coordinadores de la toma llegaron hasta el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, donde se encontraba el entonces mandatario electo y sus colaboradores más cercanos preparando el proceso de transición.

La gente de la toma no había sido invitada a la llamada “Moneda chica”, pero exigían reunirse con el Mandatario electo. “La verdad, verdad, a nosotros no nos dejan entrar”, recuerda Muñoz. “Había toda una movida política del Frente Amplio para que la coordinadora de Trauma Ocular eligiera a un vocero que fuera del FA, pero no lo pudieron lograr”.

Finalmente, la presión pudo más y el equipo de Boric debió aceptar que ingresara un representante de la toma. Se trataba de Gerardo van del Mer, quien expuso las demandas de los que estaban ocupando la sede del INDH hace más de seis meses.

“Boric nos pidió que entendiéramos que durante el primer año de su gobierno las cosas iban a estar difíciles, pero que iban a ser proactivos en cuanto a nuestras demandas”, señala Muñoz. “Hay que reconocer que la palabra que comprometió Boric, la ha cumplido”, remarca.

Para el gobierno electo, la toma del INDH era un flanco que había que cerrar lo antes posible. El rol de la actual subsecretaria de Derechos Humanos, Haydée Oberreuter, sería clave. Aún antes de asumir su cargo en el gobierno, tomaría las riendas de las conversaciones para conseguir la entrega del INDH.

Oberreuter tenía una larga trayectoria en la defensa de derechos humanos, habiendo sido víctima de detención política y tortura durante la dictadura en centros como Villa Grimaldi y Cuatro Alamos. Desde la presidencia de la Corporación de Familiares de Ex Prisioneros Políticos Fallecidos en Chile, Oberreuter, había respaldado la toma del INDH y sus demandas, lo que facilitó el acercamiento.

“Nosotros nunca tuvimos dudas de su posición y de la voluntad política que tenía”, señala Alejandro Muñoz, víctima de trauma ocular y quien fuera uno de los coordinadores de la toma del INDH, respecto de Oberreuter.

Recién el 22 de marzo, un día antes de que venciera el plazo para el desalojo decretado por la Contraloría, los responsables de la toma anunciaron el fin de la medida de fuerza. Todo estaba previsto para que fueran los trabajadores del INDH los que recibiesen la sede tomada, pero finalmente no ocurrió así. Micco se adelantó y reabrió las oficinas en una señal de que no estaba dispuesto a que la autonomía del Instituto fuera sobrepasada.

Los daños en mobiliario por pérdida o sustracción de equipos ocurridas durante la ocupación de la sede nacional del INDH fueron avaluados en más de $100 millones de pesos por la Unidad Administrativa del INDH.

Tras ocho meses, las 40 personas que estaban ocupando el INDH se fueron, sin haber logrado la mayoría de sus objetivos centrales: que el INDH calificara a los detenidos del estallido como presos políticos, que el Consejo redactara una declaración reconociendo la existencia de delitos de lesa humanidad y la sistematicidad en las violaciones a los derechos humanos durante los meses del estallido.

En cambio, sí hubo avances importantes en la acreditación de las víctimas del estallido, las que requerían de un certificado que les permitiera acceder a una pensión de invalidez por parte del gobierno. Recién a fines del 2020, comenzaron a entregarse esos documentos. Desde entonces el Ministerio del Interior se han cursado más de 296 pensiones, principalmente a personas que resultaron con lesiones oculares por acción de agentes del Estado.

Pero para los responsables de la toma, el “mayor triunfo” fue otro. “Nosotros liquidamos políticamente a Sergio Micco”.

El 19 de julio pasado, Micco renunció a la dirección ejecutiva del INDH, dos semanas antes del término de su mandato, tras recibir una carta suscrita por seis de los consejeros pidiendo su salida. Parte del consejo estaba en proceso de renovación y ya no contaba con la frágil mayoría que por casi tres años había sustentado su gestión.

Un nuevo consejo, con una leve mayoría de izquierda encabezado por Consuelo Contreras, ahora tomaba el control del INDH.