El lunes 20 de agosto de 1973, el Comité Cuarenta del gobierno de Estados Unidos aprobó un apoyo adicional de un millón de dólares para los partidos de oposición y el movimiento de los gremios del transporte terrestre y el comercio, en huelga en ese momento. El Comité Cuarenta coordinaba, al máximo nivel, las actividades anticomunistas globales del gobierno, el Pentágono y la CIA. Lo presidía el asesor de Seguridad Nacional del Presidente Richard Nixon, Henry Kissinger.

El martes 21 de agosto, los principales dirigentes del Partido Nacional se dedicaron a afinar los últimos borradores del proyecto de acuerdo que presentarían en la Cámara de Diputados para declarar que el gobierno de Allende estaba sobrepasando la Constitución.

El jueves 23 de agosto, una gran multitud se agolpó en la Plaza de la Constitución para repudiar el acuerdo de la Cámara de Diputados y reforzar su respaldo a Allende. Al término de la concentración hubo incidentes en las calles del centro de Santiago. Los transeúntes se enfrentaron a gritos, se insultaron y a veces se trenzaron a puñetes.

El 24 de agosto, el Presidente Allende comunicó el nombramiento del general Augusto Pinochet como nuevo comandante en jefe del Ejército. Era lo que habían recomendado su antecesor, el general Carlos Prats; el ministro José Tohá y otras personas cercanas al Presidente. Pinochet llegaba a la cima de su carrera en el medio de un gobierno socialista. Pero llegaba -y lo sabía- dentro de un territorio minado. El Ejército estaba en estado de alteración y Prats había caído por la presión de su propio alto mando. No había cómo ignorar este hecho, que se precipitó en sólo unas pocas horas.

El proceso que desató las pasiones más intensas durante el gobierno de la UP no ocurrió en las ciudades, sino en los campos. Fue la extensión de la Reforma Agraria. La relación con la tierra es más intensa que con cualquier otro bien de capital. Para muchos, la tierra es la madre -lo que nadie podría decir de una empresa- y en los pueblos originarios se sitúa en la base de sus creencias. Perder un fundo que durante generaciones había estado en manos de una familia debía desencadenar en los propietarios sentimientos tan intensos como contradictorios con los de quienes, después de décadas de privaciones, por fin accedían a la tierra. A escala microeconómica, el conflicto se multiplicó de manera desgarradora en cada predio de Chile.

En la noche del domingo 26 de agosto de 1973, la Policía de Investigaciones llegó hasta el concurrido restaurante Innsbruck, en Las Condes, y arrestó al secretario general del movimiento Patria y Libertad, Roberto Thieme, junto a dos militantes, Saturnino López y Santiago Fabres. Thieme se entregó, no sin antes advertir: “Derrocaremos al gobierno de la Unidad Popular sea como sea. Si es necesario que haya miles de muertos, los habrá”.

En algún momento de la segunda mitad de agosto de 1973, un convoy de buques soviéticos en ruta hacia Chile cambió de rumbo y se dirigió a otros países a vender su material. La carga era un número aún indeterminado de tanques y piezas de artillería, por un valor de 100 millones de dólares, que el ministro de Defensa de la Unión Soviética, el mariscal Andrei Gretchko, había comprometido con el general Carlos Prats durante la visita de éste a Moscú, en mayo de 1973. ¿El propósito? Modernizar y equilibrar las fuerzas del Ejército chileno con las que el general Juan Velasco Alvarado venía reuniendo en Perú. La URSS simpatizaba con la línea de izquierda nacionalista de Velasco Alvarado, pero consideraba catastrófica la idea de una guerra con el gobierno de Salvador Allende.

El 28 de agosto, con el paro gremial abultándose día por día, Allende tomó juramento a un nuevo gabinete, orientado al diálogo con el PDC, con el socialista Carlos Briones en el Ministerio del Interior. Allende se lo había anunciado a Aylwin en la casa del cardenal Silva Henríquez. Briones debía asumir el lunes 20, pero la dirección del Partido Socialista comunicó al Presidente su tajante rechazo. El nombramiento se paralizó, hasta que el senador de la Izquierda Cristiana Alberto Jerez le notificó al comité político de la UP que él y “otros tres senadores” abandonarían la coalición si no se nombraba a Briones. El Presidente confirmó a su ministro, mientras Altamirano declaraba que Briones “no es socialista”.

El martes 28 de agosto, el gremio de los comerciantes, dirigido por Rafael Cumsille, anunció su adhesión al paro de los camioneros, que encabezaba el vehemente León Vilarín. El transporte completaba cinco semanas en huelga y se vislumbraba un escenario aún más duro que el de la paralización de octubre de 1972. Ese día, por primera vez, durante el juramento de los nuevos ministros, el Presidente Allende mencionó una posibilidad dramática: “No dudaría un momento en renunciar si los trabajadores, los campesinos, los técnicos y profesionales, los partidos de la Unidad Popular, así me lo demandaran o sugirieran”.

El 29 de agosto, las federaciones de estudiantes de la Universidad Católica de Chile y de la Universidad Católica de Valparaíso, ambas controladas por el movimiento gremial, publicaron un documento titulado “Hacia una nueva institucionalidad a través de la renuncia de Allende”. Como todos los textos de ese grupo en esos años, había sido revisado por Jaime Guzmán. Declaraba que “sólo bajo la dirección unitaria de nuestras Fuerzas Armadas, Chile puede reunir a sus mejores hombres en la misión de proponer la nueva institucionalidad que el país necesita para restablecer su democracia”.

El jueves 30 de agosto de 1973, el vicealmirante José Toribio Merino, jefe y juez de la Primera Zona Naval, pidió a la Corte de Apelaciones la suspensión de los fueros parlamentarios del senador Carlos Altamirano y el diputado Oscar Guillermo Garretón, bajo el cargo de “intento de subversión” en la Escuadra.

El viernes 31 de agosto de 1973, la petición del vicealmirante Merino a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para desaforar al senador Altamirano y al diputado Garretón se trasladó a la Corte Suprema. La acusación eran las reuniones con suboficiales de la Armada que querían denunciar una conspiración contra el gobierno y tomarse la Escuadra. Garretón informó al Presidente Allende, que ya lo sabía y no le dio gran importancia.

Cuba siguió el proceso chileno minuto a minuto. Era el gobierno con mejor y más detallada información acerca de la UP. Además de los 119 miembros de su embajada, tenía el canal privilegiado de Beatriz, hija del Presidente, que se había casado con el cubano Luis Fernández Oña. Las Tropas Especiales del Ministerio del Interior habían ayudado a organizar la seguridad de Allende y dirigido la de Fidel Castro durante su visita de 1971. El jefe del Departamento América del PC cubano, Manuel Piñeiro, estuvo varias veces en Chile y se mantuvo siempre al día en la evolución de los hechos.

Ningún carabinero, de ningún rango, fue tan activo para incorporar a la policía militarizada en la lógica del golpe militar como el general Arturo Yovane. Contaba con una ventaja estratégica: la confianza del Presidente Allende en la lealtad de Carabineros como un cuerpo que, situado en la frontera del mundo castrense y el civil, familiarizado con la pobreza y todas sus secuelas colectivas, actuaría en una crisis de lado del gobierno, como lo había demostrado la Guardia de Palacio durante el “tancazo” del 29 de junio.

“Usted no se ha apoyado en las masas”, le escribieron a Allende el 5 de septiembre la Coordinadora Provincial de Cordones Industriales, el Comando Provincial de Abastecimiento Directo y el Frente Unico de Trabajadores en Conflicto. Expresaban su alarma por hechos que conducirían “no sólo a la liquidación del proceso revolucionario chileno, sino, a corto plazo, a un régimen fascista del corte más implacable y criminal” y le pedían ponerse a la cabeza del “poder popular”, un “ejército sin armas, pero poderoso en cuanto conciencia”, y la aplicación de medidas para evitar “la pérdida de vidas de miles y miles de lo mejor de la clase obrera chilena y latinoamericana”.

El 4 de septiembre, la sede central del Partido Radical fue incendiada por manos anónimas. En las horas siguientes, circuló por Santiago el rumor de que el PR había decidido retirarse del gobierno de Allende. Sin embargo, era una versión totalmente infundada: mientras estuvieran en la dirección del PR algunos de los más fieles allendistas, como Hugo Miranda, Anselmo Sule, Aníbal Palma, Orlando Cantuarias, Edgardo Enríquez y otros, el PR nunca abandonaría al Presidente.

Su dramático anuncio del jueves 6 de septiembre de 1973, cinco días antes del golpe militar, de que casi no quedaba harina en el país pasó a la historia, pero el Presidente Allende en realidad quería informar de una crisis que, según creía, evolucionaba favorablemente. Eligió una actividad de la Secretaría de la Mujer para informar del desabastecimiento más crítico posible, en un país donde el pan constituye un producto de primerísima necesidad.

En el último fin de semana de la UP, para el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) era claro que todo estaba perdido. Como otros dirigentes, Andrés Pascal estaba hastiado de pasar noches acuartelado esperando el golpe. El diagnóstico final señalaba que habría un “golpe blando” o, si había plebiscito, Allende lo iba a perder. “Fue una incomprensión nuestra, porque hubo dos golpes. Uno, el de las clases dominantes para volver a imponer el orden. Otro, poco tiempo después, el de los que instalaron un nuevo modelo para resolver la crisis de desarrollo”, afirma.

La actuación más importante del más pequeño de los partidos de la UP, Acción Popular Independiente, tuvo lugar en la dramática jornada del sábado 8 de septiembre, cuando los partidos de gobierno se reunieron en La Moneda para analizar la propuesta del Presidente Allende de convocar a un plebiscito para salir de la crisis. La aprobaron Luis Corvalán y Orlando Millas, del PC; Jaime Gazmuri, del Mapu-OC; y Anselmo Sule, del PR. La rechazó Bosco Parra, de la IC. Entonces habló el ex senador, presidente y líder indiscutido del API, Rafael Tarud. Dijo que por información de fuentes militares sabía que se preparaba un golpe militar que sería especialmente cruento.

El domingo 9 de septiembre, Allende recibió en su casa a tres miembros de la comisión política del Partido Comunista, Luis Corvalán, Víctor Díaz y Orlando Millas, para decirles que creía inminente un golpe militar. No tendría la posibilidad de instalarse en algún regimiento, lo que evaluó con el general (R) Carlos Prats, porque los oficiales leales con mando de tropas ya no las controlaban.

El lunes 10 de septiembre, un grupo de 60 pobladores del MPR (uno de los frentes del MIR, dirigido por Víctor Toro) se tomó el Ministerio de Vivienda. El ministro Pedro Felipe Ramírez, representante de la Izquierda Cristiana (IC) en el gabinete, se reunió con ellos para resolver el conflicto. Cerca del mediodía, les dijo que debía asistir a un consejo de gabinete en La Moneda citado por Allende para las 12.

Con fuentes de primera mano, el sábado 8 de septiembre la CIA informó a Washington que “varios acontecimientos” podrían frenar el golpe previsto para el lunes 10. Por el prestigio que tenía entre sus subordinados, Merino era capaz de convencer a los golpistas que esperaran algunos días si Allende llamaba a un plebiscito o anunciaba la formación de un gabinete integrado únicamente por uniformados. Para desactivar la amenaza de intervención militar, el Presidente tendría que adoptar medidas el sábado o domingo, porque después podría ser muy tarde e incluso era posible que las concesiones que hubiese querido hacer carecieran de importancia.