Los gremios: la guerra como un paroLos 22 días que sacudieron a Chile

El martes 28 de agosto, el gremio de los comerciantes, dirigido por Rafael Cumsille, anunció su adhesión al paro de los camioneros, que encabezaba el vehemente León Vilarín. El transporte completaba cinco semanas en huelga y se vislumbraba un escenario aún más duro que el de la paralización de octubre de 1972. Ese día, por primera vez, durante el juramento de los nuevos ministros, el Presidente Allende mencionó una posibilidad dramática: “No dudaría un momento en renunciar si los trabajadores, los campesinos, los técnicos y profesionales, los partidos de la Unidad Popular, así me lo demandaran o sugirieran”.

Pero la confrontación ya estaba planteada en otros términos. El subsecretario de Transportes, Jaime Faivovich, había diseñado un plan para confiscar los camiones parados y los dueños de las máquinas les habían quitado piezas claves para impedir que funcionaran. La huelga era sostenida con financiamiento externo.

¿Cómo se había llegado a esto? El origen remoto estuvo en mayo de 1971, cuando Allende cumplía cinco meses en La Moneda. El entonces presidente de los industriales metalúrgicos, Orlando Sáenz, y un grupo de empresarios fueron invitados a un viaje oficial a Cuba. “Como no quisimos pasar el 1 de mayo en La Habana para no ser parte de un show, el 30 de abril nos fuimos a México. En la madrugada del 2, Eugenio Heiremans me llamó para que volara urgente de regreso a Chile”, cuenta Sáenz. En una reunión en la casa del empresario Pedro Menéndez le informaron que Pedro Lira, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril desde marzo de ese año, había renunciado al cargo y que entre todos habían decidido que Sáenz era el indicado para sucederlo: “Como condición para asumir, dije que Allende era el legítimo Presidente de Chile y que si me hacía cargo de la Sofofa iba a colaborar con el gobierno. Si luego veía que la intención final era instaurar una dictadura del proletariado, entonces haría un alto y entraríamos en otra etapa o me iría para la casa”.

En tres meses fijó su diagnóstico: las intervenciones de empresas, la galopante estatización de la banca y las tomas de fundos eran inaceptables. Poco antes de las Fiestas Patrias de 1971, Sáenz convocó a una reunión de hombres clave, que se realizó en Viña del Mar, primero públicamente y luego en un encuentro secreto, entre las 22 horas y las 3 de la madrugada, en un salón del Hotel O’Higgins. Allí expuso su apreciación: “El régimen se encamina a una dictadura como la de Cuba. El timón del gobierno no está en manos de Allende, sino en el grupo que lo rodea, particularmente del ministro de Economía, Pedro Vuskovic. Yo sigo bajo la condición de que declaremos una pelea a muerte, una guerra. Si no, es mejor que cada uno tome sus bártulos y nos vamos, porque este es el final del cuento”.

La Sofofa tomó esa noche la decisión de enfrentarse con todo su poder al gobierno. Nadie tenía muy claro lo que eso significaba. Al comienzo no se hablaba de un golpe militar, pero poco a poco los empresarios fueron trabajando en varios frentes: recolección de fondos para financiar las actividades; inteligencia; propaganda; coordinación con otros gremios; creación de un centro de estudios para elaborar un plan económico; relación con los partidos de oposición y las Fuerzas Armadas.

La tarea de buscar fondos la asumió enteramente la Sofofa. “Había que traerlos del extranjero”, dice Sáenz. “Lo que hicimos fue captar buenos agentes en los mercados más importantes para nosotros”. En cada lugar ubicaron a un representante que organizaba reuniones con empresarios: “Entonces alguien viajaba, generalmente yo, y contábamos lo que estaba pasando y para qué necesitábamos la plata. Teníamos que financiar a grupos de resistencia como Patria y Libertad y a los partidos políticos, así es que necesitábamos cerros de plata”.

En Europa, el agente fue un alemán que vivía en Suiza, Harald Lunherhausen, gerente general de Adela, una compañía creada para fomentar el emprendimiento en América Latina. En Estados Unidos, el hombre clave fue James Green, vicepresidente ejecutivo de Manufacturers Hannover Trust. En Venezuela trabajó Raúl Sáez, ex ministro de Frei, mientras que en México la conexión fue Humberto Lobos, presidente del grupo Protexa de Monterrey. Sáenz calcula el monto recolectado entre 10 y 12 millones de dólares. Los fondos financiaron paros y gran parte de las campañas parlamentarias del PN y la DC de marzo de 1973.

Para fines de 1971, también los comerciantes y los transportistas ya se habían declarado en la oposición. Recuerda Cumsille: “El 2 de diciembre, el mismo día en que Fidel Castro hablaba en el Estadio Nacional, juntamos en el Caupolicán una multitud inmensa. Fue quizás el primer acto público de malestar “. La primera gran paralización del comercio ocurrió el 21 de agosto de 1972.

Dos meses después, los reclamos de los camioneros ante la congelación de tarifas y la carencia de repuestos cristalizaron en un paro nacional que comenzó con inesperada fuerza el 7 de octubre. Calculando mal el clima empresarial, el gobierno anunció el procesamiento de sus dirigentes. La respuesta se escuchó en todo Chile: hubo bloqueo de carreteras y se sumaron taxistas, buses, distribuidores de combustibles y el comercio menor, que permaneció cerrado por 26 días. “Un día, a las 3 de la madrugada, Allende me llamó por teléfono y me dijo: ‘Usted es un dirigente con autoridad moral, puede terminar con el paro’. Pero yo no tenía ese poder”, recuerda Cumsille.

Pronto se añadieron el Colegio Médico, la Federación de Estudiantes Secundarios, los gremialistas de la Universidad Católica, los abogados y otros colegios profesionales, con el apoyo de los partidos de oposición. “Un fenómeno nuevo había surgido en la lucha política: la vanguardia opositora había sido puesta en manos de gremios de la pequeña empresa. Los grandes empresarios no podían paralizar sus actividades sin riesgo de ser intervenidos por el Estado”, escribiría más tarde el ex ministro Sergio Bitar.

El 20 de octubre marcó un hito: se creó el Comando Nacional de Defensa Gremial, que reunió a todas las asociaciones de empresarios y a la mayoría de los colegios profesionales. De este megaorganismo salió el “Pliego de Chile”, que pedía el respeto a los derechos gremiales; el fin del control estatal; el alza de los precios congelados de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, y la disolución de los organismos encargados de la distribución de bienes de consumo y de los Comités de Autodefensa de la Revolución, entre otros puntos.

La defensa de la UP quedó, más que en las manos de la CUT, en las de los cordones industriales y del gobierno, que decretó estado de emergencia en 20 de las 25 provincias y convocó al gabinete de “Seguridad Nacional”. El centro de la lucha era mantener funcionando las empresas, los servicios públicos y el aparato de distribución. Miles de voluntarios y muchos artistas se sumaron a la defensa de la UP, descargando y distribuyendo mercaderías, requisando camiones y tomándose fábricas contra lo que llamaban el “paro patronal”.

Pero después de este paro, la relación entre los gremios y los colegios profesionales de oposición se volvió cada vez más sólida. Esta solidaridad explica el gran apoyo que tuvieron los mineros de El Teniente, que en abril de 1973 declararon una huelga indefinida que duró 74 días. El 4 de agosto, los transportistas volvieron a la carga por la escasez de repuestos y salieron a la calle bajo el lema “Chile sin ruedas”. Y el país no se movió.

En buena parte de ese período, la Confederación de la Producción y del Comercio intentó mantener relaciones fluidas con el gobierno. Su presidente, Jorge Fontaine, lo logró parcialmente, aunque su empresa (una concesionaria de Ford en Chile) fue intervenida después del paro de octubre de 1972. Pero el asesinato del edecán Araya tensionó las relaciones con el gobierno. La radio Agricultura, de la que Fontaine era presidente, lanzó la versión de que los asesinos eran miembros de la UP y un grupo de cubanos. Allende llamó a Fontaine para increparlo y lo amenazó con clausurar la radio. Un periodista emblemático de la emisora, Alvaro Puga, fue arrestado, aunque al día siguiente fue puesto en libertad, después de que, por recomendación de Allende, Fontaine se reuniera con Briones.

A pesar de la fuerza exhibida por el paro de octubre, los empresarios se sentían inermes, descapitalizados y sin capacidad para frenar a la UP. Por sí solos, no podrían hacer mucho más que seguir con los paros, que también los perjudicaban a ellos. Entonces comenzaron los contactos con las Fuerzas Armadas. En noviembre de 1972, un grupo de hombres de empresa, miembros de la Cofradía Náutica del Pacífico, se reunió con el vicealmirante Merino y le planteó la posibilidad de tomar el poder mientras el Presidente estuviera en la gira internacional prevista para diciembre. Si la Armada iniciaba la insurrección, el general Prats se sumaría desde su cargo de Vicepresidente de la República, decían.

¿Están locos? -contestó Merino- ¿Y qué vamos a hacer después de derrocar a Allende? ¿Cómo vamos a gobernar un país que está en ruinas?

¿Y si contaran con un plan de reconstrucción? -preguntó uno de los presentes.

Merino se interesó y encargó el seguimiento a un oficial retirado, Roberto Kelly.

Recuerda Sáenz: “Me junté por primera vez con Merino en el verano del 73, cuando los empresarios estábamos de brazos cruzados porque nos habían quitado muchas fábricas. Recibí una invitación para ir a un asado a la casa del capitán de navío Charles LeMay, en Reñaca. Había un lote de ellos y apareció la reina de espadas, que era Merino. Ahí empezamos a calentar motores. Pero todavía nadie mencionaba la palabra golpe”.

A fines de abril de 1973, Sáenz recibió un llamado del general Prats, que estaba por iniciar su gira a EE.UU. y la URSS. “Me contó que estaba muy inquieto ‘por todo lo que hemos estado conversando en estos meses’. Tenía la teoría de la pera madura, es decir, que cuando Allende viera que la situación se volvía insostenible, armaría un gobierno con militares y la DC”. Sáenz lo cuestionó: “Me encantaría que fuera así, pero eso no va a ocurrir. Antes de que ese momento llegue, habrá divisiones internas en las Fuerzas Armadas”. Prats le pidió que le avisara en caso de que ocurriera algo grave. El interlocutor sería el general Augusto Pinochet. “El entró a la reunión. Yo lo había visto un par de veces, pero nunca en los encuentros con Merino. Me miró con esos ojazos azules grandotes y me dijo: ‘Don Orlando, le voy a dar dos teléfonos en los que me puede ubicar cuando quiera’”.

El 6 de julio, los dirigentes de la Sofofa se reunieron con el presidente del Senado, Eduardo Frei. De la conversación quedó como constancia un documento que Hermógenes Pérez de Arce llama “el Acta Rivera”, redactado por Rafael Rivera, secretario de la Sofofa. Los empresarios expresaron su inquietud por la toma masiva de industrias que se produjo después del “tancazo”. Frei respondió: “Nada puedo hacer yo ni el Congreso (..). Desgraciadamente, este problema sólo se arregla con fusiles (…). Les aconsejo plantear crudamente sus aprensiones, las que comparto plenamente, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas”.

Después del “tancazo” se iniciaron los contactos con la Fach y, más prudentemente, con el Ejército. En agosto, un almirante se acercó a dirigentes de la Sofofa para prevenirlos acerca de su propia seguridad. El recado para Sáenz fue que la señal de la Marina sería “la insulina para su mamá”.

El 10 de septiembre, Sáenz asistió a un acto en la Universidad de Chile donde el principal orador fue Jaime Guzmán. Al salir, recibió una llamada de su vicepresidente Raúl Sahli, para comunicarle que el general Arturo Viveros quería reunirse con él en la esquina de Huérfanos con San Antonio. Esa noche Sáenz se fue a una cena en casa de Jaime Celedón. Sahli lo volvió a llamar y le transmitió el mensaje final de Viveros:

-Dile a tu jefe que la insulina para su mamá llega mañana.