“Me dicen la cantidad de 15 millones… (Víctor Manuel) Rebolledo dice que (Patricio) Tombolini pide esa cantidad”.

Si se busca entre las tramas que han revuelto la política chilena con dinero ilícito en los últimos 20 años, podría decirse que ahí está el origen, en esa frase, en esa confesión que publicó revista Qué Pasa el 18 de octubre de 2002. Fue el punto de partida de lo que después se conoció como el Caso Coimas.

Todo había comenzado poco antes con un rumor de pasillo. Un dato suelto y vago que aparecía como un fantasma entre algunos funcionarios públicos y parlamentarios que decían haber oído en alguna parte que un empresario “x” de la Región de O’Higgins estaba descontento, pues para operar sus plantas de revisión técnica habría tenido que pagar coimas a altas autoridades políticas. Pero era eso y nada más. No había un nombre, una fecha, un documento; ningún antecedente concreto que permitiera despejar el comidillo. ¿Qué tanto había de real en eso que se murmuraba? No había denuncia ni querella ni una fuente dispuesta a hablar, pero sí un indicio.

“A diferencia de esos casos que llegan ‘empaquetados’, con una carpeta en que está casi todo, en el Caso Coimas se partió de un dato, de un decir”, recuerda la periodista Gloria Faúndez, en ese entonces a cargo de esa investigación y actual editora general de La Tercera.  “Seguimos ese rumor con este reporteo de boca en boca, hablando con parlamentarios de la zona. Oiga, ¿sabe algo de un empresario que se dedique a las plantas de revisión técnica y que pudiera estar complicado con este tema de los pagos?, les preguntábamos. Fue así que dimos con el nombre”.

Ese nombre era el de Carlos Filippi, dueño de una planta de revisión técnica en Rancagua. La misión de ir a buscarlo recayó en Paulo González, un periodista que por entonces empezaba su carrera en la revista.  Toc, toc, toc, golpeó a su puerta. Cuando abrió, le preguntó a Filippi si efectivamente era él y si era cierto lo de los sobornos. El empresario asintió.

De a poco comenzó a revelarse la trama. Filippi reconoció haberle pagado coimas al entonces subsecretario de Transportes, el radical Patricio Tombolini, para obtener los permisos de funcionamiento. Dijo que todo lo había intermediado el diputado y exministro de la Segegob, Víctor Manuel Rebolledo (PPD); que el vale vista fue cobrado por Eric Leyton, exjefe de Finanzas del Sence; y que también estaba involucrado Alejandro Chaparro, jefe de gabinete del ex ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz (PS).  

Filippi no sabía al principio que al decir todo eso, él mismo se ponía la soga al cuello. En el cohecho, la legislación chilena considera culpables tanto al que recibe el soborno como al que lo paga, y él estaba en la segunda de esas posiciones. Los periodistas de Qué Pasa le explicaron su situación: que su denuncia era importante, pero que arriesgaba una condena e incluso ir a la cárcel. La decisión de seguir era suya. Y él prosiguió.

La publicación de ese primer reportaje fue solo el inicio. Faúndez recuerda que una vez impresa la edición, llamó a La Moneda para dar aviso de que saldría publicado el caso. Pero no hubo respuesta. Al día siguiente, el viernes 18 de octubre de 2002, con la revista ya circulando, desde el gobierno hubo una vocería. En las oficinas de Qué Pasa, los periodistas la seguían por televisión. Heraldo Muñoz, entonces ministro de la Segegob, asumía la situación y mirando a la cámara dijo al país: “Caiga quien caiga”.

“Fue ahí que nos dijimos ‘vale, parece que le achuntamos, que vamos por el camino correcto’”, cuenta Faúndez.   

Se había corrido un velo que cubría una compleja trama que hasta entonces, en el proceso de transición a la democracia bajo los gobiernos de la Concertación, se había mantenido oculta. Por primera vez se mezclaban a gran escala y de forma sistemática la política y su financiamiento de manera ilegal, esa vez mediante el pago de sobornos y el desvío de recursos públicos. 

La información se fue ampliando con nuevas aristas, nuevos nombres de empresarios y otros políticos involucrados. Además de autorizaciones fraudulentas y pagos injustificados, aparecieron contratos con sobresueldos por trabajos que nunca se hicieron y supuestas extorsiones. Se abrió una investigación judicial a cargo del ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Carlos Aránguiz, que en dos años terminó con una lista de condenados en primera instancia por corrupción que incluía a tres diputados –además de Rebolledo, los DC Cristián Pareto y Jaime Jiménez–, un subsecretario y varios empresarios y funcionarios públicos. Entretanto, los periodistas de la revista que seguían el caso enfrentaron seguimientos y amenazas.    

“Fue algo tan inesperado, porque íbamos detrás de un cohecho contra una autoridad en particular y de repente vimos que había varios parlamentarios desaforados. Esto crecía como una bola de nieve que después derivó en el Caso MOP-Gate y en un acuerdo de modernización de la política”, dice Faúndez.

El 10 de mayo de 2007, luego de cuatro años de declarada la condena inicial, de tres años y un día de prisión efectiva; multa de 36 millones de pesos e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la Corte Suprema, con fallo unánime, decide absolver de todos los cargos al ex subsecretario Patricio Tombolini.

"¿Quién conoce de Obras Públicas?”, preguntó al aire en voz alta el periodista Pablo Vergara, que por esos días, a fines de 2002, cubría noticias policiales en La Tercera. Se le acercó entonces la editora de Crónica, Octavia Rivas, y le dijo que ella había cubierto ese frente hacía algunos años y conocía bien el funcionamiento y la orgánica de ese ministerio. Así que él le mostró un documento con unas declaraciones judiciales: “Mira lo que dice esta detenida”.

Era una declaración de Sara Oliva, una secretaria que en agosto de 2000 había denunciado a Carabineros que tres tipos la habían secuestrado y extorsionado para que les girara un cheque por $190 millones. El dinero no era de ella, sino que de la empresa de outsourcing donde trabajaba y que pertenecía al ex seremi metropolitano de Transportes, Héctor Peña Véliz. Su nombre: Gestión Ambiental y Territorial S.A., pero se le conocía más por sus siglas, Gate.

No era una firma que figurara públicamente. Gate se dedicaba a la consultoría en proyectos de ingeniería, inmobiliarios, de recursos hídricos y medioambientales, y en septiembre 1999 se había adjudicado una licitación por más de $966 millones para asesorar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la Coordinación General de Concesiones. Primero por un año, y luego, por una extensión del contrato, hasta marzo de 2001. Al final, se le pagaron más de $1.700 millones.     

La denuncia de Oliva se había mantenido en el ámbito de lo judicial, un robo más sin importancia pública, como tantos otros, pero con esa declaración que tenía Vergara en sus manos todo daba un giro.

Oliva lo había confesado: nunca fue un secuestro ni una extorsión, sino un autorrobo que ella misma y su madre habían urdido. Aunque era lo de menos. La secretaria se refería también a las reuniones que regularmente mantenía su jefe en el Partido Socialista, a los cheques que emitían para pagar sobresueldos a altos funcionarios del MOP que muchas veces, incluso, se firmaban en la sede de ese partido. Se refería a las autoridades del ministerio y a cómo funcionaba en detalle su orgánica. Y todo cuadraba.

“Le pusimos ojo a esta noticia policial y nos pusimos a investigar”, recuerda Octavia Rivas. “Pasaron tres o cuatro meses en que no llegábamos a nada, hasta que apareció una factura del fiscal del MOP. Recuerdo que publicamos esa boleta. Era un viernes tarde. Llamé a mi jefe y le dije: ‘Esto es heavy porque no puede el fiscal de Obras Públicas, que es quien visa los contratos, estar siendo contratado a honorarios por una empresa que es subcontratista del ministerio’. Así que empezamos a tirar el hilo y llegamos a las primeras boletas de honorarios. Y ahí ya venían el subsecretario y muchas autoridades del MOP, y estalló el caso como se conoce. La hoja 1 del caso MOP-Gate es una arista del Caso Coimas que abrió Carlos Aránguiz, antes de que designaran a la ministra Gloria Ana Chevesich a cargo de la causa. Y ahí creo que está una publicación de La Tercera a dos páginas con las primeras boletas de honorarios que nos llegaron de funcionarios del MOP facturándole a Gate.”

La hebra se extendía mucho más allá. A medida que fue avanzando la investigación periodística en paralelo a la judicial, se fue revelando cómo se había organizado todo para adjudicar los contratos y que gran parte de las platas emitidas a Gate desde el MOP y algunas concesionarias se repartieran para el pago de sobresueldos a funcionarios de la cartera y el posible financiamiento irregular de campañas políticas. Era un intrincado mecanismo. Aparecieron nuevas empresas y organizaciones involucradas en las triangulaciones y los nexos llevaban directamente a La Moneda y al corazón del Laguismo (entre los implicados estaba Matías de la Fuente, exjefe de gabinete de Lagos en La Moneda).

Se formó un equipo especial de trabajo para cubrir las distintas aristas del caso. Miguel Saldivia, que por entonces hacía su práctica en La Tercera, se encargó de “la marca personal” sobre la ministra Chevesich, quien llegó a abrir 25 carpetas distintas a partir de los datos iniciales. Partía temprano en las mañanas a tribunales y seguía cada diligencia, interrogatorio e intervención. Conversaba con fuentes, aunque, dice, debía tener mucho cuidado, pues varias veces le entregaron pistas falsas. Todos los involucrados tenían intereses y trataban de defenderlos, a veces a cualquier costo. Cuenta Saldivia: “Una vez una persona me llamó para decirme que tuviera cuidado, que mi teléfono estaba intervenido. Y para probarlo me dijo exactamente lo que yo había conversado minutos antes con otra fuente que no se conocían entre sí”.

Entre muchos otros, terminaron condenados por fraude fiscal y estafa, Carlos Cruz, ministro del MOP cuando estalló el escándalo; el exjefe de Finanzas de Vialidad, Sergio Cortés; y el dueño de Gate, Héctor Peña.

Pasó una década y se dio igual que en los casos anteriores: todo partió en un punto que aparentemente nada tenía que ver con política.

Era el segundo semestre de 2014, y una investigación por fraude tributario a través del Fondo de Utilidades Tributables (FUT) generó un profundo quiebre entre un alto ejecutivo y los controladores del Grupo Penta. El cerco se empezaba a cerrar y Hugo Bravo, otrora hombre de confianza de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, se sentía acorralado y abandonado por ellos, sus antiguos jefes. Entonces decidió hablar y revelar ante los fiscales un mecanismo ampliamente utilizado, pero entonces desconocido, para financiar campañas políticas por fuera de la ley: el uso de boletas ideológicamente falsas.

Bravo comenzó a revelar un esquema distinto a los que se habían conocido antes, que ya no tenía que ver con el desvío de recursos fiscales, sino con el financiamiento ilegal desde el mundo privado. Uno que habría utilizado por años el Grupo Penta para transferir dinero a candidatos de la UDI sin dejar registro, con respaldo en boletas y facturas a terceros –personas o empresas vinculadas a los candidatos– por servicios que no se prestaron y que le servían a la empresa para disminuir su carga tributaria y descontar impuestos. 

Los pormenores del mecanismo utilizado por los controladores de Penta para financiar –particularmente- a los gremialistas fue develado a inicios de enero de 2015 por La Tercera. En ese entonces se publicaron –por primera vez las inéditas comunicaciones –vía correos electrónicos- entre la cúpula de Penta y diversos candidatos de la UDI con solicitudes de dinero.

Lo más emblemático: la frase del senador Iván Moreira pidiendo “el raspado de la olla” para su campaña.

La lista de políticos involucrados partió con el mismo Iván Moreira y las boletas que emitió su chofer a Penta. Pero no se quedó ahí. Cada vez aparecían más involucrados y todos los medios en Chile competían por llegar antes a los nuevos nombres. El ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner; el expresidente de la UDI Jovino Novoa; la senadora Ena von Baer; el exalcalde de La Florida y Santiago, Pablo Zalaquett; y muchos más.

Pasaron los meses y el mapa del financiamiento irregular se amplió. A comienzos de 2015 surgió una pista que llevó a las cuentas de SQM, la minera no metálica controlada por Julio Ponce Lerou. Por entonces, en el mundo político ya se rumoreaba que era solo cosa de tiempo para que surgieran implicados de la Nueva Mayoría y todos los sectores políticos. Y así fue: en febrero de ese año, periodistas de La Tercera accedieron a un oficio reservado de la fiscalía que solicitaba diligencias a la PDI respecto de un listado de personas que habían emitido boletas a SQM y que aparecían objetadas en sus rectificaciones ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) por no contar con respaldo de los supuestos servicios prestados.       

“Recuerdo cuando abrí esta información en mi computador y vi a alguien de apellido León y que su dirección era en Curicó”, cuenta Paulina Toro, periodista de La Tercera y parte del equipo de reporteros especializados en Política, Economía y temas judiciales que se había formado especialmente para cubrir el tema. “Era un listado de nombres y RUT solamente, pero como teníamos experiencia en política, sabíamos que el diputado Roberto León (DC) es de Curicó, por lo tanto, podría ser su familiar. Sacamos un extracto de filiación y me paré como resorte. Fui a la oficina del director, que en ese minuto era Guillermo Turner, porque estaba con mi jefe, Francisco Torrealba, les abrí la puerta y les dije que en la lista estaba el hijo del diputado. Se quedaron pálidos porque estábamos esperando que en cualquier minuto saltara ese dato que destapara esta caja de Pandora de SQM”.

Esa misma noche apareció, además, una asesora del senador Fulvio Rossi (PS) en la nómina. Se decidió entonces publicar por dos vías distintas: en el diario iría lo de León y al día siguiente, por el sitio web, lo de Rossi. Fueron las primeras personas de la Nueva Mayoría involucradas en este tipo de financiamiento ilegal, y de a poco comenzó a crecer la lista.

Precisamente por la amplitud de intereses involucrados en este esquema, varios políticos llegaron en diferentes oportunidades a las oficinas del director del diario para intentar interceder o influir en lo que podría publicarse. “Pero nunca nos llegó ningún tipo de sanción ni nada de eso, sino al contrario, el director simplemente nos prestaba apoyo a nosotros”, asegura Toro.      

En medio de la cobertura y la intensa competencia con otros medios para revelar información, la clave en La Tercera fue el trabajo en equipo y la multiplataforma. Explica Toro: “Cuando se fusionan los equipos de buena fe y son bien direccionados en términos de saber dónde y cuándo debe ir cada noticia, si se tiene que tener un despliegue grande o pequeño, resulta. Estoy segura de que el resto de los medios alabaron esta fusión que hicimos de juntar reporteros de Política con Judicial en un mismo equipo. Nos costó, por supuesto, porque muchas veces son lenguajes distintos, con jefaturas diferentes, pero fue una buena nomenclatura”.